Cuando la ley obligó a todas las comercializadoras a financiar el coste del bono social según el número de clientes, la cooperativa se quejó porque un particular tendría que pagar lo mismo que una empresa de alto consumo.
Pero a la hora de repercutirlo al abonado, se aplicó el mismo criterio: un nuevo concepto de unos 95 céntimos al mes, independientemente del consumo.
En cambio, muchas otras comercializadoras no han repercutido ese coste en un concepto fijo a parte sino que lo han hecho aumentando ligeramente su precio del kWh, de manera que aporta más el que más consume, tal como debería ser.
Además, cualquier coste fijo desincentiva el ahorro energético.
De la misma manera que no ponemos margen comercial en el término fijo, deberíamos repercutir el coste de financiar el bono social en el término variable.
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